El plan esta incluido en el otorgamiento de facultades que se brindo e inicios del mes de julio,  el cual contiene una breve explicación de como se actuará.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),  José Arista, en un reciente anuncio, detalló un plan de “saneamiento tributario” destinado a aliviar las deudas de las empresas afectadas por la pandemia de la covid. Explicó que este plan tiene como objetivo abordar las deudas pendientes hasta el 2023,  ofreciendo un fraccionamiento especial. Esta medida permitiría a los contribuyentes acceder a un bono de descuento basado en el nivel de deuda, siempre que se cumpla con los pagos acordados.

Este programa,  se entiende, forma parte de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo y está diseñado para beneficiar a más de un millón de contribuyentes.

Según esta ley, se propone “aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la Sunat que constituyan ingresos del tesoro público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, para incentivar el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo”.

Comparación con iniciativas pasadas

Walker Villanueva, socio de impuestos y comercio internacional en PPU, recordó que una amnistía tributaria significativa ocurrió en 2001, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, bajo el régimen del Sistema Especial de Administración Tributaria (SEAT). Desde entonces, las políticas públicas han evitado las amnistías tributarias, ya que estas desalientan el cumplimiento regular de los tributos.

Jorge Picón Gonzales, socio del estudio jurídico Picón & Asociados, comparó que el nuevo plan de saneamiento tributario propuesto por el Gobierno actual se asemeja a la Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (Resit) de 2002, un sistema que permitió a los contribuyentes resolver litigios relacionados con intereses, multas e impuestos mediante la eliminación de multas, la conversión de intereses por inflación y el pago de impuestos pendientes. Destacó que el Resit fue eficaz al reducir significativamente los litigios, beneficiando tanto a contribuyentes como a la Sunat.

El abogado valoró que esta nueva medida podría reducir significativamente la cantidad de litigios, beneficiando tanto a los contribuyentes como a la Sunat. Sin embargo, criticó que en el pasado se haya limitado el beneficio solo a deudas en litigio, sugiriendo que el nuevo plan debería incluir todas las deudas, para que los contribuyentes puedan regularizar su situación sin enfrentar multas adicionales.

Según Picón, estos planes de saneamiento actúan como un mecanismo para “desatorar” el sistema tributario. La idea es que al ofrecer facilidades para el pago de deudas, se reduce la acumulación de litigios y se facilita la regularización de las obligaciones fiscales.

“Esta flexibilidad es crucial para que tanto los contribuyentes como la Sunat puedan manejar las contingencias fiscales de manera más efectiva. Sin estas medidas, el sistema podría continuar colapsando bajo el peso de disputas y deudas no resueltas”,  dijo.

A su consideración, no se debería repetir la falta de comunicación efectiva por parte de la Sunat como se dio en los beneficios fiscales anteriores.  Recuerda que en el pasado, iniciativas similares fracasaron debido a una deficiente difusión.

¿Es una amnistía?
El abogado tributarista, Walker Villanueva,  señaló que, aunque la normativa se refiere a un “fraccionamiento”, en esencia se está proponiendo una amnistía tributaria.
Según el experto, el fraccionamiento tradicional implica el pago de deudas tributarias en cuotas, con un interés compensatorio, tal como lo regula el Decreto Legislativo correspondiente.  No obstante, lo que se plantea ahora es un esquema distinto, diseñado para evitar una percepción negativa que pueda afectar la recaudación fiscal.
Villanueva explicó que las amnistías tributarias suelen tener un efecto contraproducente, ya que favorecen a quienes no han cumplido con sus obligaciones mientras penalizan a los contribuyentes cumplidores.
“Esta nueva medida, aunque enmascarada como fraccionamiento, en realidad busca condonar multas e intereses, con el fin de incentivar el pago de la deuda pendiente. Sin embargo, subrayó que no se pueden condonar los tributos ni las prepagas, pero sí las multas e intereses acumulados”, dijo.

A pesar de ir en contra del objetivo de fomentar una cultura de cumplimiento tributario, Villanueva señaló que el Gobierno parece priorizar la recaudación rápida, aunque esto implique una reducción del stock de deuda. Las amnistías tributarias pueden ofrecer un alivio financiero para las empresas, especialmente en un contexto de crisis económica.

Por ello, aunque la medida se extienda más allá del impacto directo de la covid,  Villanueva considera que una amnistía tributaria puede ser oportuna en el actual escenario de incertidumbre y falta de inversión, beneficiando tanto a las empresas como al Estado, que podría aumentar su recaudación inmediata.

Posibles efectos negativos

Sandro Fuentes, exsuperintendente de Sunatm  consideró que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo coinciden en esta estrategia de recaudación, lo cual es loable.

Sin embargo, se mostró cauto, señalando que esta medida podría ser una forma de refinanciación de la deuda tributaria y que, si bien es una buena idea para aumentar la recaudación, también podría tener efectos negativos.

Según el exsuperintendente, pueden incluir el riesgo de enviar un mensaje equivocado a los deudores reticentes, incentivándolos a esperar hasta futuros fraccionamientos en lugar de pagar sus deudas de inmediato.

“Esto podría fomentar la percepción de que es ventajoso retrasar el pago de las obligaciones tributarias con la esperanza de condiciones más favorables. Además, existe el peligro de que esta medida pueda reducir el incentivo para cumplir con las obligaciones fiscales a tiempo, al ofrecer una especie de ‘salvavidas’ para quienes han acumulado deudas”, dijo.

En línea con Fuentes,  Picón mencionó que otro desafío radica en cómo se manejarán las deudas coactivas ya en proceso de ejecución. Señaló que algunas empresas están en cobranza coactiva desde hace más de 20 años debido a la falta de bienes embargables.

Fuente:   Diario Gestión
Fecha:     31/07/2024