Ejecutivo estableció responsabilidades para empresas privadas involucradas en delitos

Personas jurídicas podrán enfrentar desde multas hasta la prohibición definitiva de sus operaciones.
Haciendo uso de las facultades legislativas delegadas, el Poder Ejecutivo publicó una norma que establece responsabilidades administrativas para las personas jurídicas —empresas privadas, compañías estatales, organizaciones, entre otros— involucradas en la comisión de delitos.
El decreto legislativo n° 1352 modifica 14 artículos de la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.
Así, las empresas privadas involucradas en delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, minería ilegal y terrorismo, podrán enfrentar, según lo señalado por un juez:
1.- Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito.
2.- Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades:
Suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.
Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será menor de un año ni mayor de cinco años.
Para contratar con el Estado de carácter definitivo.
3.- Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
4.- Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
5.- Disolución.
El Poder Judicial también podrá pedir al Ministerio Público que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores hasta por dos años.
Entre los factores atenuantes, la norma menciona la adopción e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención. Entre los agravantes, se menciona la situación cuando la persona jurídica cuenta con un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad es ilícita.
Este decreto legislativo entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2018. Ahora, el Ejecutivo tiene 90 días para elaborar y publicar su reglamento.

Fuente:Semana Económica
Fecha: 09/01/2017

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